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Gobierno garantiza el funcionamiento de Bancamiga tras la detención de sus dueños

Sede principal de Sudeban en Caracas
Sede principal de Sudeban en Caracas
Aunque la Fiscalía no ha hecho pública ninguna orden de captura relacionada con Bancamiga, en los últimos días ha circulado información extraoficial de la supuesta detención de tres de sus dueños..

En medio de la incertidumbre y temor de los clientes de la entidad financiera Bancamiga, ante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público contra alguno de sus ejecutivos, por supuestos vínculos con Tareck El Aisami y la trama de corrupción Pdvsa-Cripto,la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Subeban) emitió un comunicado este lunes 22 de abril en el que garantiza el normal funcionamiento del banco.

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Aunque la Fiscalía no ha hecho pública ninguna orden de captura relacionada con Bancamiga, en los últimos días ha circulado información extraoficial de la supuesta detención de tres de sus dueños, los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez.

Según Últimas Noticias, los ejecutivos habrían sido arrestados el pasado 19 de abril por agentes adscritos a la División de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y que les imputarán el cargo de traición a la patria.

"La Superintendencia se encuentra realizando un proceso de acompañamiento y seguimiento a dicha institución a fin de garantizar su normal funcionamiento, así como los depósitos e interés de sus clientes, usuarios y los derechos de los trabajadores", reza el escrito.

El Aissami, antiguo hombre de confianza de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez, fue arrestado en Venezuela, acusado por una millonaria trama de corrupción vinculada con la venta de crudo a través de criptoactivos.

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Sancionado por Estados Unidos acusado de narcotráfico, dimitió el 20 de marzo de 2023 como ministro tras el anuncio de investigaciones judiciales por irregularidades en la venta de crudo a través de criptoactivos, un caso que según informes de prensa representó un desfalco de más de 15.000 millones de dólares. Desde entonces, no volvió a aparecer en público.

La venta de crudo a través de criptoactivos fue una apuesta del gobierno para eludir las sanciones financieras impuestas por Washington contra Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras: 297.000 millones de barriles.

En la primera etapa de esta investigación, hace un año, fueron arrestados 61 funcionarios, políticos y empresarios.


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