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Huelga de hambre

Un centenar de presos en Venezuela inicia huelga de hambre ante "graves" condiciones carcelarias

Cárceles en Venezuela / Foto referencial
Señalan que se encuentran recluidos en precarias condiciones y no han sido trasladados a tribunales, tal y como lo indica la ley.

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que un total de 91 presos, retenidos en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Lara, iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta ante los retrasos procesales.

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Señalan que se encuentran recluidos en precarias condiciones y no han sido trasladados a tribunales, tal y como lo indica la ley.

La OVP manifestó preocupación y reportó en una nota de prensa que los reos se negaron este miércoles a recibir los alimentos que les llevan sus familiares en protesta por la falta de agua potable, las “condiciones inhumanas a las que sobreviven”.

La ONG detalló que desde hace meses en Lara hay “graves” problemas con el suministro de agua, y ante la situación, los propios funcionarios y familiares deben pagar por camiones cisternas, cuyo costo es de entre 35 y 40 dólares estadounidenses.

Por otra parte, denuncian abusos por parte de los funcionarios policiales, entre los que destacan que los reos fueron llevados al patio del Cicpc mientras llovía para hacer una revisión dentro de los calabozos.

“Durante la requisa les botaron objetos personales, les sacaron las colchonetas que son compradas con mucho esfuerzo por los familiares, les decomisaron un televisor que era su única distracción y desde ese momento pararon los extractores de aire”, señaló la OVP.

Finalmente apuntó que muchos de los presos que están en esa sede policial tienen órdenes de traslado a cárceles, pero estas no son ejecutadas “porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les asigna cupos”.

A inicios del año, la ONG Una Ventana a la Libertad informó que en 2022 el hacinamiento de los calabozos policiales fue de 334,55%, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas recluidas en estos centros de detención preventiva.

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